El flamante estudio del Observatorio de Deuda Social de la Argentina de la UCA estimó que el golpe inflacionario de diciembre y enero llevó a que la pobreza en el país alcance ya el 57,4% de la población, unos 27 millones de personas, de las cuales 7 millones son indigentes; esto es, sus ingresos no alcanzan a cubrir no solo la Canasta Básica Total (CBT), que define el umbral de pobreza, sino tampoco la Canasta Básica Alimentaria (CBA), nivel de ingresos por debajo del cual se cae en la indigencia.
Sucedió, dice el informe, que la devaluación de diciembre produjo un marcado aumento de los precios generales y aunque el gobierno incrementó los valores de las transferencias de las políticas sociales “independientemente de estos esfuerzos del Estado y del incremento observado en las fuentes secundarias de las jubilaciones, pensiones y de los ingresos laborales, se incrementó en forma significativa el porcentaje de población en situación de indigencia y pobreza”.
El fuerte aumento de la CBT, ante ingresos casi estancados, llevó a estimar que la población en situación de pobreza pasó del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre de 2023 y al 57,4% en enero de 2024. “El mayor incremento lo experimentaron los hogares de clases trabajadoras o medias no beneficiarias de programas sociales”, dice el trabajo.
Un aspecto aún más asombroso de la profundidad del calado de la crisis económico-social es que a pesar del constante aumento del porcentaje de población que a lo largo de los últimos 20 años recibió distintos planes de ayuda social y de alimentación es que, precisa el informe, los residentes en hogares beneficiarios de políticas sociales presentaron un nivel de pobreza del 76,5% en el tercer trimestre de 2023, un 81,9% en diciembre de 2023 y un 85,5% en enero de 2024″. Esto es, menos del 15% de quienes reciben ayudas sociales puede salir, gracias a esas ayudas, de la pobreza.
