La segunda versión del proyecto de ley Bases obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados minutos antes de las 9 de la mañana con 142 votos afirmativos (106 en contra), gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN). Sin embargo, la aprobación de los capítulos en particular será larga dado que todavía podrían ser rechazados o modificados puntos clave como el impuesto a las Ganancias, el régimen de grandes inversiones, la reforma laboral y los impuestos al tabaco.
Votaron en contra UxP, el FIT, los socialistas, la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la CC. Sin embargo, la curiosidad fue la presencia al momento de la votación de Marcela Pagano, que no había estado al inicio de la sesión para dar quórum por problemas de salud (desencadenados por un pico de estrés por discusiones internas del bloque libertario).
La sesión se vivió con fuertes cruces y acusaciones pero lentamente los ánimos comenzaron a apaciguarse. Durante la tarde, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, llegaron al Congreso y se reunieron con Martín Menem en su despacho. Según informaron, ambos funcionarios fueron a monitorear el desarrollo de la sesión y para mostrar apoyo político.
El artículo 3 fue uno de los más cuestionados, ya que faculta al Poder Ejecutivo a “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los organismos públicos que considere innecesarias; también podría fusionarlos, modificar sus estructuras jurídicas o la cantidad de empleados. Si bien en el dictamen se incluyó a pedido de la UCR un listado de organismos que quedarían exentos, como el Conicet, el Incucai, el INTA o el Instituto Malbrán, la redacción del texto genera rechazos. “En este modelo si se les ocurre cerrar el SENASA lo pueden hacer, nosotros no lo vamos a apoyar”, explicó Maximiliano Ferraro, presidente y diputado de la Coalición Cívica.
Al momento de la votación, el oficialismo rechazó los pedidos de modificar la redacción para ampliar la lista de organismos públicos que no pueden ser disueltos por el Poder Ejecutivo. Finalmente fue aprobado con 135 votos a favor.
