La UFIJ Nº 20 a cargo del Fiscal Rodolfo De Lucía, será la encargada de investigar, mediante la tecnología disponible en materia de comunicación, quién o quiénes son los autores de las amenazas de bomba que están suscitando en la ciudad de Bahía Blanca y la zona.
El delito de intimidación pública tiene penas de entre dos y seis años de prisión para aquellos que infundan temor público o susciten tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazan con la comisión de un delito de peligro común o empleen medios material idónea para producir esos efectos.
Además, el Artículo 211 del Código Penal afirma que “Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.
En el Departamento Judicial de Bahía Blanca de iniciaron, desde el comienzo del año, más de 30 causas por este delito, las que se encuentran en plena etapa investigativa para dar con los autores de las llamadas intimidantes.
En otras localidades se han registrado condenas para menores de edad vinculados con estos delitos y se ha avanzado en responsabilizar a los padres de los menores que efectúan las llamadas intimidantes por la reparación de los daños causados.
